TRABAJO SOBRE SOCIOLOGIA: SUSANA TORRADO Y SUS MODELOS DE ACUMULACIÓN, SU LIBRO: "ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ARGENTINA: 1945 - 1983"

INFORME
ESTRUCTURA SOCIAL DE LA ARGENTINA
1945-1983
AJUSTE Y COHESIÓN SOCIAL. ARGENTINA: EL MODELO PARA NO SEGUIR.
- TORRADO, SUSANA –

Dra. Susana Torrado


Susana Torrado es Licenciada en Sociología y Dra. en Demografía.
Socióloga argentina, se desempeña en la cátedra de Demografía Social, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.

ESTRATIFICACIÓN SOCIAL EN LA ARGENTINA.

Argentina, a fines del siglo XIX de acuerdo al “modelo de país de la Generación del 80”, agroexportador de materias primas y alimentos de zona subtropical, e importador de bienes industriales manufacturados, fue una sociedad de rápidos cambios y notables avances. Así, se construyeron las vías férreas más extensas de América Latina con 11.000 Km., se establece la industria frigorífica y se constituye, merced a una política deliberada y expresada además de la Constitución Nacional en la “Ley Avellaneda”, en la principal receptora de inmigración europea después de los E.E.U.U., con un aporte de 3.250.000 inmigrantes italianos, españoles, sirio libaneses, alemanes, franceses, ucranianos, polacos y judíos que provenían de España y otros países europeos, ingreso que se dio entre 1870 y 1930, con una reanudación breve entre 1945 a 1950.. Por otra parte, la educación pública, con la Ley 1420 de educación primaria gratuita y obligatoria por inspiración de Sarmiento, se produjeron transformaciones estructurales y de movilidad social y generacional significativas por su intensidad y con fuerte impronta en la Cultura Nacional. El puerto de Buenos Aires era el eje de ése modelo y la “pampa húmeda” su escenario más importante.

Sobre los años treinta del siglo XX este proceso va a cambiar radicalmente. En efecto, la gran depresión internacional primero, y luego la segunda guerra mundial, le impidieron al país exportar y recibir importaciones industriales y manufactureras. Lo que obligó al proceso conocido como de “sustitución de importaciones”. Esto hizo que las industrias crecieran en Buenos Aires y su entorno de un modo rápido y aumentara la oferta de trabajo industrial, con ello el crecimiento del sindicalismo organizado y su proyección política. Este cambio que implicó la construcción de la industria liviana y el nuevo proceso exportador primario después de 1946, trajo consigo el proceso de migración interna desde el interior a Buenos Aires y de movilidad social y movilización política de gran significación, según lo explica Gino Germani. En efecto, los peones rurales del interior pasan a ser obreros industriales en Buenos. Aires. Y los hijos de los inmigrantes se convierten en profesionales, lo que implicó una movilidad ascendente masiva. La distribución del ingreso, privilegió a los sectores medios y obreros significativamente. Después de la caída de Perón en l955, se consolida un proceso que había comenzado con el ”Segundo Plan Quinquenal” con mejor perspectiva a partir de 1958: la construcción de la industria pesada.
Desde 1958 a 1962 tuvo un salto notable el volumen de la producción de acero y sus derivados, se sentaron las bases de la industria petroquímica y los combustibles derivados del petróleo merced al autoabastecimiento petrolero de ésa etapa. De igual manera se consolidó la industria automotriz nacional, una de las más importantes de América Latina en aquellos años. Esta integración vertical de la producción del país se va a complementar con la integración horizontal irradiándose a las economías regionales, con el plan de pavimentación de carreteras e instalación de aeropuertos en el interior del país. Fue el último intento serio (con una estrategia clara) de modificar el modelo de la “generación del 80”. Esta tendencia se va a continuar con breves lapsos de interrupción por gobiernos de facto, hasta mediados de la década del setenta.

Al iniciarse el proceso militar de 1976, se va a comenzar un proceso de desindustrialización de la Argentina que no va a tener fin hasta hace poco tiempo. Lo que generó un proceso de movilidad descendente, con la apertura de la importación indiscriminada de productos del exterior vendidos a precios de “dumping” – es decir precios inferiores a su valor- con sub-facturación local, que produjo el desmantelamiento de decenas de miles de puestos de trabajo. En la década del 90 se acentuó éste proceso hasta niveles nunca vistos por su volumen, que incluyó la incorrecta modalidad de empresas del estado como Y.P.F., la Aerolínea de bandera, los teléfonos, el gas, los ferrocarriles, aeropuertos etc. que generaron decenas de miles de despidos. Además, por qué la estabilidad monetaria y el crecimiento de ciertos sectores concentrados de la economía y las finanzas no se tradujo en mayor ocupación y desde 1998 la recesión se fue acentuando hasta niveles nunca registrados en el pasado?
Hoy, después de la cesación de pagos (conocido como el “default”), la devaluación de principios del 2002, la pesificación asimétrica y la afectación al derecho de propiedad del “corralito” primero y el “corralón” después, la caída del producto bruto interno en ése período es fuerte (más de 18 puntos) y hay una cierta sustitución de importaciones de sectores de la industria que implican reactivación de la industria y el agro. Entre tanto el 57% de la población estuvo debajo de los límites de pobreza, y aunque ése porcentaje haya disminuido algunos puntos se mantiene próximo al 50%. La desocupación en tanto llegó al 23% y luego una tendencia a la baja, con planes sociales paliativos y una subocupación que aún es muy importante. De modo que la movilidad descendente de los sectores medios y bajos de la estratificación social fue generalizada. Existen estudios que revelan claramente este proceso, entre ellos el realizado por la investigadora Susana Torrado, por el encuestador Artemio López, el “Plan Fénix” de la U.B.A. y otros igualmente importantes. Todos revelan caída de los ingresos y nivel de vida de la población igualmente importantes, que se traducen en movilidad descendente. Son estudios sobre la base de datos del INDEC.

La clase media, otrora orgullo de la Argentina en América Latina, es la que más ha sufrido el empobrecimiento y la caída de sus niveles de vida y de trabajo. De igual modo el sector obrero sindicalizado, hoy está en gran medida desocupado o tan sólo tienen trabajo informal, ó algún beneficio del “Plan Jefes de Hogares” que implican $150, por debajo de la línea de indigencia.. Tales datos muestran que los cambios negativos producidos han redefinido el “mapa social” de la Argentina. Se imponen, en consecuencia cambios profundos en la política y la economía del país para revertir ésas tendencias.

Cómo revertir?

Los aludidos cambios tienen que apuntar a ocupar la capacidad instalada ociosa de nuestra industria, que hoy tiene gran parte de ésa capacidad sin producir. A re-impulsar nuestras economías regionales hoy aún en recesión en muchos sectores. A suministrar capital de trabajo a las pequeñas y medianas empresas industriales, que son fuente fundamental de ocupación de mano de obra y motor del desarrollo productivo, como lo demuestra la experiencia comparada de otros países. Instrumentos como el crédito, la reforma impositiva y una política arancelaria adecuada con un sesgo exportador con valor agregado, son fuentes de generación de empleo de indudable impacto social. Se trata pues de un verdadero Plan de Desarrollo Sustentable a cuyo servicio deben estar los instrumentos financieros y monetarios. En ése aspecto el cierre del “canje de deuda” con los acreedores privados, por cierto positivo, es condición necesaria pero no suficiente.

Ese desarrollo productivo de transformación y de generación de riquezas debe estar orientado a la “dimensión social y humana” que se traduzcan en mayor ocupación, mejoramiento de los niveles de educación y formación específica. A su vez una marcada determinación de redistribuir ingresos, hará posible revertir la movilidad descendente y retomar el camino que hizo en el pasado de la Argentina un país próspero, con nuevas expectativas para las generaciones presentes y futuras.

Estructurada en cuatro partes ("Parámetros políticos y económicos", "Efectos sobre la evolución demográfica", "Efectos sobre el bienestar social" y "Una mirada de conjunto"), contiene los trabajos de treces investigadores que han abordado cuestiones como la exclusión y la vulnerabilidad social desde perspectivas dispares como la nupcialidad y la organización familiar, las transformaciones del mercado de trabajo, la comida en el marco del ajuste, las desigualdades educativas y el funcionamiento del sistema de salud, entre muchas otras temáticas.

En el texto que abre el libro, "Modelos de acumulación, regímenes de gobierno y estructura social", señala que el modelo aperturista instaurado por la última dictadura significó el desmantelamiento del modelo industrialista que imperó en la Argentina en las décadas previas. Pero los gobiernos democráticos que se sucedieron a partir de 1983 no lograron desarticular las políticas de ajuste que arrasaron con los niveles de bienestar. ¿Puede pensarse a los gobiernos post dictadura como funcionales a la perduración de estrategias económicas recesivas?

No usaría la expresión funcional, porque no creo que ninguno de los gobiernos haya tenido la intención de ser funcional a ese modelo, aunque de hecho sí hayan sido una continuación. Y, en algunos momentos, incluso una intensificación del modelo que tiene a la dictadura como referente más claro e inmediato. En este libro hemos corroborado la hipótesis de que el lapso que va de 1976 a 2002 tiene un régimen o modelo de acumulación desde el punto de vista de las políticas económicas que es muy similar en todas las etapas, aunque internamente esté diferenciado por regímenes de gobierno completamente distintos, tales como la dictadura militar del 76 al 83, y después del 83 hasta el 2002 con gobiernos democráticos, pero tan disímiles como los de Raúl Alfonsín en los 80, el de Carlos Menem en los 90 y los tres últimos años con el de la Alianza.

Existen muchísimos trabajos en la Argentina respecto al régimen de ajuste, pero mayoritariamente están concentrados en los aspectos económicos y muy pocos abordan lo que tiene que ver con una visión de conjunto de los efectos sociales del mismo. La idea de este libro ha sido mostrar la heterogeneidad y homogeneidad de los distintos regímenes de gobierno dentro del lapso estudiado. Pero retomando la pregunta inicial, creo que no ha habido una deliberación en esa continuidad.

¿Ni siquiera durante el neoliberalismo que rigió en los 90?

Sin lugar a dudas la década menemista, desde el punto de vista de la pérdida del bienestar social derivado de las políticas de corte liberal, supone efectos sociales aún más graves que los que impuso Martínez de Hoz. Pero entiendo esto como una voluntad ideológica de inscribirse en el proceso de globalización neoliberal mundial y no tanto como la vocación por ser funcionales al modelo implementado por la última dictadura. Los gobiernos de Videla y Menem tuvieron más suerte, no así los de Alfonsín y la Alianza que no encontraron el modo de salir de la lógica impuesta desde 1976.

Usted señala que el modelo industrialista del primer gobierno de Perón fue incluyente, porque contempló una mayor distribución de la riqueza en los sectores más postergados, pero no tuvo un cariz modernizador. ¿Qué elementos demuestran esa carencia?

Esta afirmación está dada por el análisis que hice de la estructura social de la Argentina entre 1945 y 1983, en relación al volumen y la composición de las clases y de la movilidad social. A partir de 1945, en el modelo del primer justicialismo, claramente hay una política social de mejoramiento del bienestar de los sectores populares, pero en lo que hace a la estructura social, en términos del volumen y movilidad de las clases, no hubo grandes cambios. Esas modificaciones ocurrieron más intensamente durante el período del modelo desarrollista, que va a desplegarse entre 1958 y 1972. No es posible decir que no haya cambiado nada, pero el del justicialismo no fue un modelo transformador en ese aspecto: uno de los indicadores de modernización que suele tomarse para el análisis de la estructura social es el incremento de las clases medias asalariadas (técnicos y profesionales de inserción estable, con trabajo en blanco y pleno) y éste no ha sido uno de las rasgos característicos del primer peronismo, cosa que sí es más notable en el desarrollismo por las modificaciones que introdujo en la producción industrial. La sustitución de bienes intermedios y bienes de capital trajo una renovación interna de las plantas mucho mayor que la que se había dado en el período que va de 1945 a 1955, centrado en una industrialización sustitutiva basada en el incremento de la demanda de bienes de consumo masivo en el mercado interno.

También señala una continuidad entre el modelo desarrollista (1958-1972) y el aperturista que comienza a regir en 1976. ¿Dónde encuentra la evidencia del nexo entre un modelo y otro?

El elemento más claro de esa continuidad es la aparición de lo que se denomina trabajadores marginales y trabajo en negro, es decir la modificación de los mercados de trabajo en el sentido de una mayor informalidad y no inclusión de algunos sectores de la población. Por supuesto, no en los términos cuantitativos que se van a dar durante el gobierno militar a partir de 1976, y todavía más acentuadamente durante la década del 90, pero ya se encuentran algunos de esos elementos a partir del modelo que comienza en 1958, como resultado de un proceso muy grande de concentración de la riqueza y concentración de la producción –sobre todo la industrial– lo que implicó que ciertos sectores quedaran al margen, sin poder incluirse como sí había sucedido con el justicialismo con la integración al esquema productivo de los sectores populares.

¿Es posible tener hoy una idea de los niveles de estratificación de la sociedad argentina?

No existe todavía una respuesta a esta pregunta. Estoy justamente ahora trabajando en ese tema, tratando de actualizar mi estudio sobre las clases medias, temática sobre la que han aparecido muchos libros en los últimos años que, a mi juicio, no consideran las determinantes económicas y políticas de la evolución y composición de los estratos medios argentinos. Es hoy uno de los ejes centrales de discusión dentro de los partidos políticos, respecto de la orientación de esa clase en el futuro político inmediato. Estoy tratando de reconstruir esa trayectoria, desde finales del siglo XIX hasta el 2002, lo cual no es fácil porque hay que hacerlo con censos de población. Cuando cambian severamente las formas en que se captan los datos censales, se vuelve muy difícil poder trazar una continuidad histórica.

¿Existen algunos indicadores más relevantes que otros a la hora de mensurar el costo social de los modelos de ajuste?

El más conocido de todos es la incidencia de la pobreza, que gravitó de manera descomunal en la década del 90. Pero esto depende fundamentalmente del funcionamiento del mercado de trabajo y, obviamente, también de la orientación de las políticas públicas: es decir, con qué paliativos cuenta el Estado cuando desorganiza de tal manera el mercado de trabajo que se produce una desocupación enorme (y desconocida) como ha ocurrido en la Argentina, y hay una disminución del salario real y una regresión en la distribución del ingreso como sucedió durante el período del auge neoliberal.

Es el indicador más elocuente, pero existen otros menos conocidos que también ayudan a comprender el estado de situación. Por ejemplo, uno muy útil es el que mide el retraso de los niños en la escuela primaria. Si uno analiza el porcentaje de niños de 6 a 14 años que están retrasados respecto a su edad en el grado escolar, ese es un indicador que discrimina acaso con mayor claridad que una evaluación del conjunto de la población. De todos modos, es necesario utilizar una batería muy grande de indicadores para trazar el mapa del ajuste.

¿El arribo del gobierno kirchnerista supuso una ruptura o una continuidad en relación a las políticas de ajuste vigentes durante las últimas tres décadas?

El lapso temporal que abarcan los estudios de este libro termina en 2002 porque a partir de 2003 se modifica sustancialmente la tendencia de muchos de los indicadores. Esto no quiere decir que cambió radicalmente la sociedad, pero sí es evidente que la desocupación, por ejemplo, deja de aumentar. La pobreza también deja de aumentar.

Cambia la tendencia y en ese sentido, podemos considerar al gobierno de Néstor Kirchner como una bisagra. No puedo decir taxativamente cuánto cambió la sociedad desde el 2003 hasta el 2010 con respecto al modelo de ajuste que signó las décadas anteriores, porque esto recién vamos a poder empezar a mensurarlo cuando se tengan los datos del censo nacional que se va a realizar en octubre.

¿Por qué valora como relevante la relación existente entre las políticas de ajuste y los índices de nupcialidad?

Una de las dimensiones sociales que fue más afectada durante el período de ajuste fue la organización familiar. Esa organización depende fundamentalmente de dos comportamientos: la nupcialidad, es decir, el proceso de formación y disolución de las uniones, y la fecundidad, cuántos hijos y cuándo se los tiene. Estas dos dimensiones del comportamiento social cambiaron muchísimo en los últimos cuarenta años.

Por ejemplo, subieron de una manera espectacular las uniones consensuales desplazando a las legales, es decir, que las relaciones pasan mayoritariamente por la cohabitación de prueba. Las parejas no se casan y pasan a vivir juntas, a modo de testear si la coexistencia es posible, pero dejan de ser de prueba para volverse estables sin pasar por el registro civil. Pero también incide el divorcio, o el hecho de que con el ajuste se dificultara el acceso a la vivienda, lo que indujo el crecimiento de las familias ocultas, que se las denomina así porque las estadísticas no las captan (viven con familiares, con progenitores).

Hubo también una disminución de la natalidad, sobre todo en los sectores en los que históricamente era más elevada. En resumen, los cambios en la organización familiar tienen que ver con el ajuste pero también coincide con cambios culturales muy notables que vienen de los países occidentales y de los que la Argentina, sobre todo en el área metropolitana, siempre se ha hecho eco con una década de retraso.

¿Hasta dónde es posible sostener un régimen de acumulación que implica que grandes sectores de la población subsistan en pobreza y exclusión?

No se percibe en la sociedad argentina corrientes revolucionarias que permitan pensar un cambio en lo que hace al modelo de acumulación. Sí es viable pensar que pueden darse cambios parciales. La Asignación Universal por Hijo es un cambio importantísimo. La aprobación del matrimonio gay es otro aspecto relevante de un cambio que, en lo inmediato no se lo percibe como trascendente, pero que lo es porque modifica el clima cultural en el que se discuten los problemas que afectan a la sociedad argentina. Esos cambios, ya sean políticos, sociales o culturales, son parciales y, por lo tanto, viables. Un cambio revolucionario que solucione de una vez la inclusión de los numerosos excluidos, no lo percibo como muy probable, aunque me puedo equivocar.


Ajuste y cohesión social
ARGENTINA: EL MODELO
PARA NO SEGUIR

Susana Torrado*
1. Introducción
Estas reflexiones buscan responder a la pregunta ¿qué nos pasó a los argentinos? desde la perspectiva del bienestar social.
Para ello adoptaremos una perspectiva histórica mos¬tran¬do las conexiones que existen entre los modelos de acu¬mul¬a¬ción económica, la reproducción de la población -en especial de la fuerza de trabajo (FT)- y los modos de in¬tervención del Es¬tado.
Voy a distinguir los siguientes modelos cuyas carac¬te¬rís¬ti¬cas, por razones de espacio, daré por conocidas: agro¬exportador (1870-1930); industrializadores [justi¬cia¬lis¬ta (1945-1955) y desarrollista (1958-1972); aperturista (1976-2002). Trataré en cada mo¬mento de situar la Argentina -país pe¬ri¬férico- respecto a los países centrales, prin¬ci¬palmente Europa.

2. Marco conceptual
En la reproducción de la FT intervienen diversos me¬ca¬nis¬mos, de los cuales aquí sólo voy a retener dos: a) los uti¬li¬za¬dos para sufragar el costo de la reproducción; b) los que a¬se¬gu¬ran el disciplinamiento social que es soporte de la acu¬mu¬la¬ción y la reproducción. La reproducción de la FT tiene tres componentes: la reconstitución cotidiana de la capacidad de tra¬ba¬jo (pagada con el salario directo); el mantenimiento del trabajador en inactividad (enfermedad, vejez); su reemplazo ge¬¬ne¬racional (estos dos úl¬timos pagados con el salario indirecto).

3. Modelo agroexportador

3.1 Países centrales
En Europa, el proceso de industrialización iniciado a fines del siglo XVIII indujo un gran pauperismo urbano. En la visión de las elites dominantes, este pauperismo se definía no sólo por carencias materiales sino también por carencias ‘mo¬ra¬les’. El peligro no residía tanto en la amenaza contra la se¬gu¬ri¬dad pública, cuanto en la desocialización del proletariado industrial respecto a la sociedad emergente. Esta situación plan¬teó varios interrogantes: ¿Cómo integrar disciplinadamente las masas desafiliadas de su antigua condición? ¿Qué hacer frente al desamparo de los trabajadores y frente a otros síntomas concomitantes de disociación social (nacimientos ilegítimos, niños abandonados, infanticidios, vagabundeo, masas hambrientas, mortalidad galopante)?
La respuesta fue la delegación de las acciones pertinentes en instituciones filantrópicas financiadas total o parcialmente por el Estado: su objetivo era organizar los servicios colectivos y difundir las técnicas de bienestar y de gestión social indispensables para la reproducción. Estas medidas estaban encaminadas a establecer un poder tutelar sobre los pobres, que asegurara funciones de beneficencia sin la intervención del Estado. Porque la idea-fuerza de las elites liberales era evitar que el socorro social se constituyera en una cuestión de derecho, ya que admitir el derecho a la asistencia (más tarde, el derecho al trabajo) suponía abolir la propiedad privada.
Tutela y Patronato fueron entonces las ideas rectoras de un plan de gobernabilidad de las clases inferiores; una forma de reestructurar el mundo del trabajo a través de un sistema de obligaciones morales; una respuesta a la vez política y no es¬tatal a la cuestión social. En suma, una política social sin Estado.
3.2 Argentina (1870-1930)
En la Argentina agroexportadora, la masiva llegada de in¬mi-grantes -la mayor parte de los cuales procedía de zonas ru¬rales-, así como su prioritaria radicación en las grandes urbes de la región pampeana, se tradujo en una situación que, sino en sus causas, sí en sus manifestaciones, es asimilable a aquella experiencia europea. El liberalismo entonces gobernante se encontró frente a una doble amenaza: a) el aumento del pauperismo urbano, que reclamaba del Estado una mayor asistencia so pena de poner en peligro la pro¬pia reproducción poblacional; b) la visibilidad de las desigualdades sociales, que podía impedir organizar en forma disciplinada la inserción social y laboral de las nuevas clases populares. Como en Europa, ambas amenazas se resumían en una sola cuestión: ¿cómo asegurar la reproducción y el dis-ciplinamiento social -base de la integración social- des¬li¬gan¬do al Estado de cualquier responsabilidad?
En nuestro país se desarrollaron tres vertientes del mo¬vi¬mien¬to filantrópico: el asis¬tencialismo moralizador (focalizado en la virtud del ahorro); la intervención médico-higienista (control de la salud); el patronato o tutela de la infancia (reglamentación de la patria potestad). Surgió, entonces, una multitud de aso¬cia¬ciones -públicas y privadas, confesionales y no-con¬fe¬sio¬nales- cuyo objetivo explícito o implícito fue el de encuadrar a las mujeres y los niños (es decir, a las familias) de los sec¬t¬ores populares urbanos en rígidas pautas de conducta com¬pa¬¬tibles con la necesidad de crear los individuos aptos para el trabajo subordinado y para la aceptación del orden normativo vi¬¬gente que requería la sociedad argentina.
Por entonces, en la ciudad de Buenos Aires se clasificaba a los pobres en dos ca¬te¬go¬rías: a) los pobres de solemnidad, cu¬¬ya condición debía comprobarse mediante un cer¬ti¬ficado po¬licial que les otorgaba el derecho a la caridad institucional; b) los pobres de segunda categoría, que no estaban registrados y, por lo tanto, no eran reconocidos como candidatos a la asis¬ten¬¬cia so¬cial. La acción filantrópica se centró en la primera categoría.
Esta política fue exitosa visto que, al finalizar la etapa agro¬ex-portadora, se habían alcanzado en el país casi todas las me¬tas perseguidas: arraigar, uniformar e integrar la enorme y he-terogénea masa de los recién llegados, afianzando al mismo tiem-po -con excepción de las prácticas limitativas del número de hijos-, el ideal de familia cristiana enraizado en las capas me¬dias capitalinas anteriores al aluvión extranjero.

4. El Estado de bienestar (EB)

4.1 Países centrales
Ahora bien, en Europa, a fines del siglo XIX y comienzos del XX, el avance de la industrialización generalizó la relación sa¬larial. Paralelamente, el desarrollo de las organizaciones ob¬reras y de los partidos clasistas, el sufragio universal que concedía ciudadanía política a la clase obrera, la necesidad de preservar un nivel de paz social compatible con la a¬cu¬mu¬la¬ción, llevaron a que las clases dominantes aceptaran una re¬definición de la cuestión social, que implicó una re¬de¬fi¬ni¬ción del papel del Estado.
Si bien continuaron recusando el derecho al trabajo, a¬ban-donaron progresivamente la filantropía como guía de la a¬sistencia social, dando lugar a un debate en torno al si¬guien¬te interrogante: ¿cómo proteger al ciudadano y a su familia sin socializar los derechos? O sea ¿cómo implicar al Estado en la cuestión social?
La respuesta pasó por la reformulación del vínculo social en la sociedad moderna: ésta ya no se piensa como la suma de individuos aislados, sino como un conjunto de ciudadanos de-siguales pero interdependientes que se prestan ayuda re¬cí¬proca. Por lo tanto, una sociedad democrática puede le¬gí¬ti¬ma¬mente no ser igualitaria, siempre y cuando los menos pu¬dien¬tes queden libres de tutelas. De aquí a que se aceptara que el Estado podía cumplir una función reguladora de los in¬te¬¬reses de las distintas clases sociales sólo había un paso. Este se dio cuando se convino que las retenciones obligatorias y la redistribución de bienes no representan atenta-dos contra la propiedad privada, sino pagos que cada ciudadano otorga en de¬recho por los servicios que recibe del resto. Surgió así la idea de justicia social: el Estado podía y debía intervenir para que, a pesar de las desigualdades, se lograra una mínima co¬he¬¬¬sión social. Estaban dadas las condiciones para que se ins¬talara la noción de seguridad social obligatoria.
Lo más importante del seguro obligatorio es que supuso el ad¬¬venimiento de un nuevo tipo de propiedad, no ya patrimonial si¬no basada en una prerrogativa transferible inherente a la con¬dición de asalariado. El salario dejó de ser la retribución cal¬¬culada con exactitud para asegurar la reproducción co¬ti¬dia-na del trabajador y su familia. Pasó a incluir también partes sus¬¬¬tanciales del salario indirecto: previsión contra los acci¬den¬tes, la enfermedad, la vejez, la muerte; derecho a educarse, a con¬sumir, a gozar del ocio. Este hecho tuvo consecuencias tras¬cen¬dentales para los sectores populares, cuyas familias, si no e¬ran beneficiadas por la transferencia patrimonial, eran pro¬¬te¬gi¬das por la transferencia de derechos en las situaciones de in¬certidumbre. El seguro obligatorio fun¬gió así como el me¬ca¬nismo disciplinador por excelencia de la so-ciedad salarial y del EB.

4.2 Argentina (1945-1972)
En Argentina, el desarrollo del EB emerge en la década de 1940, cuando la industrialización sustitutiva generalizó la relación salarial en forma semejante a los países centrales. Los modelos justicialista y desarrollista tuvieron varios rasgos comunes en lo que concierne a la forma de sufragar el costo de la FT y a los mecanismos de disciplinamiento social, pero también algunas diferencias.
Durante el justicialismo, la intervención del Estado aseguró a los trabajadores niveles de ingreso (salario directo e indirecto) que tendieron a cubrir una porción cada vez mayor de los tres componentes del costo de reproducción de la FT, al tiempo que se instauraban mecanismos que hacían recaer acre¬cen¬ta¬¬da¬mente dicho costo sobre el sector empresarial. Por el contra¬rio, durante el desarrollismo, si bien la legislación amplió la co¬bertura de la seguridad social, emerge por primera vez el fe¬nómeno de la precarización salarial, es decir, la virtual exclu¬sión de un segmento de la FT de los beneficios del salario in¬di¬rec¬to, vía el aumento del cuentapropismo de clase obrera, pa¬ralelo a la regresión en la distribución del ingreso.
Aquí también el seguro obligatorio constituyó el principal me-ca¬¬nismo disciplinador, si bien su instauración estuvo mar¬ca¬¬da por la especifidad política argentina, con el efecto de crear per-manentes tensiones entre particularismo y uni¬ver¬sa¬lismo.
El EB se asentó aquí sobre un "círculo virtuoso" sostenido por dos pilares fun¬da¬men¬tales: a) un alto nivel de empleo (in¬clu¬¬so asalariado), b) una amplia posibilidad de financiar un gas¬¬to público creciente. Pero, ni el seguro de desempleo ni las políticas activas de empleo formaron parte por entonces de las políticas sociales. Durante la primera mitad de la década de 1970, cuando el déficit fiscal y la tasa de inflación treparon a niveles inéditos, esa organización del EB entró en crisis.

5. El Estado subsidiario (ES)

5.1 Países centrales
En estas sociedades, desde mediados de la década de 1970, con el agotamiento del modelo industrializador y el cambio ha¬cia la globalización, la competitividad in¬ter¬na¬cio¬nal y las nuevas formas tecnológico-económicas, se inicia un proceso de flexibilización del trabajo y de las protecciones cuyos efectos se van adicionando en un "círculo vicioso". La principal ten¬den¬cia de este proceso es la degradación de la condición sa¬la¬rial y, consecuentemente, de todos aquellos atributos que ga¬ran¬tizaban el acceso a las prestaciones sociales. Se replantea así la cuestión social en términos de un ascenso de la vul¬ne¬ra¬bilidad social y de un neopauperismo que se creían exorcizados. A estos hechos se agregan los efectos económicos del envejecimiento demográfico que dificultan consi¬de¬ra¬ble¬men¬te el sostenimiento de las transferencias que son pilares de la seguridad social.
Esta nueva situación lleva al replanteo de una nueva cuestión social cuyas consecuencias no están aún dirimidas, especialmente en lo que dice relación con una intervención del Estado que debe operarse después que las sociedades han experimentado el EB. Sólo hay que recordar la firme acción sindical y política que, en Europa, ha frenado esta tendencia a la flexibilización, para aquilatar la dificultad de la tarea.


5.2 Argentina (1976-2002)
Desde 1976, se asiste también en nuestro país al des¬man-telamiento del EB y a su reemplazo por el ES, concepción in-herente a las estrategias aperturistas y de ajuste ahora dominantes. La subsidiariedad connota una visión residual de las políticas públicas: al Estado sólo le corresponde actuar allí donde el mercado no llega o donde no hay mercado.
La sustitución de un régimen por otro se hizo a un ritmo vertiginoso, no conocido antes aquí ni en otras latitudes y sin ninguna concesión respecto al costo social que implicaba la transición. Emerge así abruptamente un inusitado volumen de desocupados, subocupados, asalariados precarios, "en ne¬gro", "ocultos", cuentapropistas marginales: los "excluidos" o "de¬¬s-afiliados" primero de la ciudadanía social y pronto de la ciu¬dadanía política. Además, se produce un profundo deterioro en los salarios y en los haberes jubilatorios; se asiste a la de¬¬salarización de vastos sectores de clase obrera y de clase media; se produce una virtual confiscación de las prestaciones so¬ciales preexistentes.
Para los "incluidos", el salario directo se situó en su piso mínimo (ingreso indis¬pen¬sa¬ble para la reconstitución cotidiana de la capacidad de trabajo); las prestaciones sociales relativas al reemplazo generacional (educación, asignaciones familiares) agudizaron su deterioro; las relacionadas con el man¬te¬ni¬miento en inactividad (servicios de salud, haberes ju¬bi¬la¬to¬rios) tendieron en la práctica a eliminarse, ya sea vía el a¬rancelamiento y/o la depreciación monetaria hasta 1991, ya sea vía el congelamiento del gasto en esos rubros después de implantado el régimen de convertibilidad cambiaria en ese año.
Por otra parte, el financiamiento de la parte del costo de la reproducción que sí se paga al trabajador, fue transferido de más en más, sea a los propios asalariados, sea a los asalariados precarios, sea a los marginales, sea en fin a la creciente masa de desocupados. En todos estos casos, a través de la anulación de los aportes patronales a la seguridad social y/o su traslación a los precios, y a través de la agudización de la tributación indirecta. Así, la transferencia de ingresos hacia los más ricos fue descomunal.
La contrapartida previsible de estos hechos fue un aumento sin precedentes de la incidencia, la intensidad y la hete¬ro¬ge¬nei¬¬dad de la pobre¬za. Hoy por hoy, el nivel de la pobreza (mayor al 50 por ciento) no sólo es muy superior al que teníamos hacia 1974 (alrededor del 7 por ciento), sino que también excede el promedio urbano de los países latino¬americanos en 1970. La composición social de la pobreza es más heterogénea, ya que las carencias recaen ahora sobre un espectro más amplio de estratos sociales. Existe ahora un estrato de pobre¬za extrema (in¬¬di¬gentes) que ha agravado noto¬ria¬mente su volumen y la in¬¬tensidad de su infra-consumo. En suma, un contexto de em¬¬po¬¬bre¬cimiento absolu¬to que ahora involucra no sólo a secto¬res obreros estables y a sectores margi¬nales, sino tam¬bién a las capas medias que hasta hace poco expe¬rimentaban sólo em¬¬po¬brecimiento relativo.
En el límite, este proceso de confiscación de los derechos so¬¬-ciales culmina con la confiscación de los ahorros a la clase me¬¬dia (corralito bancario), destruyendo uno de los ejes cons¬ti¬¬¬¬tu¬tivos de nuestra integración social. Sin trabajo, sin se¬gu¬ri¬¬dad social y sin ahorros, clase obrera y clase media deben ahora adaptarse a la antigua expresión estigmatizante de “vivir al día”.
Naturalmente, esta dinámica social conllevó la necesidad de asegurar el disciplinamiento de esa nueva masa de población careciente o vulnerable, ya sea mediante políticas de asistencia social, ya sea por medio de la represión directa. En el plano asistencial, el paradigma aperturista se estructuró sobre dos ideas-fuerza: la focalización y los grupos vulnerables, lo que significa que el Estado sólo ayuda a los carecientes, con fondos obtenidos a través de tributos impuestos sin importar la condición del contribuyente. Dicho de otro modo, la cuestión de la equidad es un problema exclusivo de la asignación del gasto (políticas focalizadas en los más pobres).
En el plano de la represión, la misma fue feroz y desembozada durante la dictadura militar, y planeó como una amenaza permanente durante los gobiernos democráticos.

6. ¿Qué nos pasó?
La Argentina del ajuste perdió algunos preciosos atributos: una amplia clase media que ayudaba a metaboli¬zar el conflicto so¬cial; vastos sectores obreros con inserción laboral estable y niveles de vida modestos pero dignos; altísimos flujos de movilidad social ascen¬dente que permitían transitar la vida en términos de un pro-yecto; niveles de cohesión social su¬pe¬rio¬res a los de muchos países periféricos e incluso a los de al¬gunos países centrales. Pérdidas que, hoy por hoy, parecen i¬rre¬¬versibles. Argentina se ha constituido así en un pa¬ra¬dig¬ma de cómo no debe establecerse un orden neoconservador, in¬clu¬¬¬so entre los defensores de esta opción.
A la luz de estos hechos, creo que la pregunta per¬ti¬nen¬¬te no es ¿qué nos pasó?: nos pasaron cosas similares al res¬to del mundo. La pregunta debería ser ¿porqué lo que nos pa¬sa reviste aquí rasgos tanto más fundamentalistas que en el resto del mundo?
Pienso en tres razones (que no deben ser las únicas): a) en Argentina no se tuvo en cuenta que la instalación de un Estado subsidiario se hacía después de haber expe¬ri¬men¬ta¬do durante décadas el EB. Así, la retracción pública en ma¬te¬ria de bienestar procedió a la restauración de las ideas de¬ci¬monónicas sobre la beneficencia, postulando que el Estado só¬lo debe asegurar la existencia de servicios sociales pobres des¬tinados a los pobres (los antiguos pobres de solemnidad): los despojados tenían con qué comparar; b) una de las razones de este proceder podría encontrase en la idiosincrasia de la cla¬se empresarial argentina (negativa a asumir el riesgo em¬pre¬sario; postulado de la máxima ganancia en el menor tiempo); c) otra razón indudable es la idiosincracia de nuestra di¬rigencia política, constituida irremediablemente con base en prácticas corporativas y clientelistas.
Ninguna de estas visiones incorpora la idea de Nación. En todo caso, si algo debemos aprender de este último cuarto de siglo es que, en las sociedades modernas, no hay Nación sin cohesión social; que la cohesión social tiene un costo e¬co¬nómico que no pueden financiar los más débiles; que la ac¬ción del Estado es irrenunciable para alcanzar niveles mínimos de cohesión.

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